CIDH analizará mañana la situación de los derechos humanos en Venezuela


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizará mañana la situación de la libertad de expresión en Venezuela.

“Denunciaremos el uso de recursos judiciales para materializar restricciones ilegítimas a la libertad de expresión”, informó Carlos Correa, director de la asociación civil Espacio Público, que participará en la audiencia junto con otras organizaciones.

“Nos preocupa que en un año electoral aumenten las agresiones a los periodistas y las presiones por parte de autoridades venezolanas contra medios de comunicación que den espacio a voces de oposición”, dijo Correa.

“Vamos a pedir que el Estado haga una declaración contra las agresiones a los periodistas y a exigir que se investiguen los ataques contra trabajadores de los medios”, agregó.

Correa advirtió que estarán atentos al posible uso ventajista de medios públicos y de las cadenas de radio y televisión por parte del presidente Hugo Chávez.

A la sesión también concurrirán integrantes del Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.

Las denuncias
El director de Espacio Público adelantó que plantearán la medida de censura previa que fue dictada la semana pasada por un tribunal a petición de la fiscal general Luisa Ortega, que prohibió a los medios publicar denuncias sobre la contaminación del agua a menos que contaran con informes técnicos.

El caso de Globovisión, que enfrenta una multa por 9,3 millones de bolívares por la cobertura que dio a los hechos de la cárcel de Rodeo en 2011, también estará en la lista de denuncias.

Denunciarán también el caso de La Prensa, de Barinas, que tiene prohibido publicar fotos sobre sucesos, así como el proceso judicial que se abrió contra el director del semanario 6to Poder, Leocenis García, por publicar un fotomontaje que incluía a representantes de los poderes públicos.

Convención y derechos humanos
La CIDH celebrará, además de la sesión sobre libertad de expresión, otras dos audiencias sobre casos venezolanos.

Analizará la situación de los derechos humanos en el país y el cumplimiento de las obligaciones internacionales establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Estado.

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15 familias viven en ranchos, sin luz ni cloacas

Detrás del aeropuerto de San Rafael de Carvajal, existe una comunidad llamada La Esmeralda. Allí existen casas de bloques, pero también hay ranchos, en los que habitan 15 familias. Las promesas gubernamentales no se han concretado y los vecinos siguen esperando las casas ofrecidas

Dulce Cardozo, habitante de un rancho de La Esmeralda, ve el carro de la prensa y dice: “me cayeron del cielo, hace tiempo quiero decir lo que pasa en esta comunidad. He luchado mucho para tener casa, pero hasta ahora no he logrado nada. A una vecina le van a construir vivienda en mi terreno, me van a tumbar el rancho. No tengo a donde ir, tendré que invadir, aunque mi esposo no quiera, él dice que eso es ilegal. Estamos con el proceso, no sé por qué no nos toman en cuenta. Los trabajadores de la Gobernación no han terminado el trabajo de cloacas, vivimos en una hediondez muy grande, esto no es vida. Hacemos nuestras necesidades en bolsas, tobos y periódicos, después los tiramos para abajo, junto al resto de la basura, porque aquí no pasa el aseo. Hace cinco años vivo aquí, hay gente recién llegada que ya tiene casa. Cuando llueve, esto es horrible, porque las calles no están asfaltadas y las cloacas se rebosan, nos toca caminar encima de eso y nos salen hongos. Aquí no soy feliz, en diciembre me iban a entregar la casa, pero no fue así. Pasé la navidad muy triste porque no llevo una vida digna. ¿Para dónde me voy? Estoy cansada de ir a la sala situacional de La Cejita, siempre hablo con el encargado, Yolmar Gudiño. Pero nadie me da respuestas. Esto es una mamadera de gallo. Si yo sigo viviendo en un rancho, no saldré a votar en octubre. El Presidente no tiene la culpa, pero no votaré”.

El equipo reporteril de DLA intentó hacer contacto telefónico con Gudiño, pero la comunicación fue imposible.

Cobran sin trabajar

María Linares, vecina, declaró que “los empleados de Misión Ribas vienen a La Esmeralda todos los días, pero sólo cumplen horario y no hacen nada, porque no hay material. Ellos cobran su sueldo, para nada, porque no se ven las obras”. Nos ofrecieron casas que no han hecho, las cloacas se rebosan y necesitamos alumbrado público, porque aquí es muy oscuro.

La fetidez del lugar ratifica las palabras de Dulce y María. El agua de las cloacas impregna las calles de tierra y forma lodazales en que juegan niños, y caminan todos los miembros de la comunidad. El servicio eléctrico no es propio, de allí su deficiencia. Las calles no cuentan con alumbrado público. Muchos de los habitantes del sector viven en pobreza extrema.

La vocera principal del Consejo Comunal Bicentenario, hizo un llamado al general Barrios Contreras, “para que hable con nosotros, sin poner de intermediario al concejal Eduardo Zué, porque somos nosotros quienes conocemos la problemática y las necesidades de nuestro sector. Hablando, nos vamos a entender muy bien. Quiero que todos trabajemos organizados para que la gente de aquí deje de pasar penurias. Pido al encargado de Dirección de Infraestructura y Mantenimiento (Dinfra), Ángel Suárez, que culmine el trabajo de red de cloacas, vivimos en medio de la mortecina, este mal olor no se aguanta”.

Incondicionales

Pese a sus duras condiciones de vida, los moradores de La Esmeralda, en su mayoría, apoyan incondicionalmente al gobierno de Chávez. Desean ser tomados en cuenta y gozar de “dignidad y buen vivir”, elementos ofrecidos por el Presidente en sus locuciones dominicales o en declaraciones a los medios.

¡Soluciones ya!

Aníbal Linares: “Aquí pasamos muchas necesidades, en agosto vino la gente de Misión Ribas, empezaron a hacer las casas, con la promesa de terminarlas en diciembre. Quince familias esperamos por vivienda. Tengo dos hijos, quiero que ellos vivan bien. Yo soy un hombre mayor y estoy enfermo, pido que me den casita, no importa si no viene equipada, con mi techo me conformo”.

María Linares: “El general Barrios Contreras me dará casa. Hace meses debieron entregármela, pero todavía estoy esperando. Hace siete años vivo aquí con mis cuatro hijos. Me mandaron a tumbar el rancho, para hacerme casa, pero no construyeron nada. Ahora me mandan a desocupar, para tumbarme el rancho otra vez y darle ese espacio a otra gente, ¿Pero cómo quedo yo?

Fuente: Diario de Los Andes

CIDH presenta Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, el cual presenta información actualizada sobre la situación de defensoras y defensoras en la región y sobre los estándares de derecho internacional sobre la materia. Asimismo, da seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el primer informe, publicado por la CIDH el 7 de marzo de 2006.

Ver informe

Tendencias de la conflictividad social en Venezuela febrero 2012

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en el mes de febrero 2012 al menos 396  protestas. 8% menos que febrero 2011, cuando se observaron 429  protestas. Por otra parte, se destaca un aumento de 36% de las  protestas en relación a enero 2012, cuando fueron 291. En este mes continúa la radicalización de las formas pacíficas de lucha reportando 10 huelgas de hambre.

Ver informe completo

Fuente: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Foro: “Los Derechos Humanos en Venezuela”

El Foro Permanente “Democracia y Desarrollo” del Centro de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático de Venezuela (CDHDD.VE) tendrá este miércoles como ponente a la Dra. Isolda Heredia de Salvatierra, directiva nacional del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, tratando el tema de LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA.

El Foro se realizara a partir de las 4:30 pm en la mezzanina del local 11 del Centro Comercial Las Acacias, avenida Bolívar de Valera, en el Estado Trujillo.

La entrada es libre y se esta invitando a todos los ciudadanos y ciudadanas que se sienten preocupados por la difícil situación que vive Venezuela con relación a la violación continua y amplia de Derechos Humanos; y quieren ampliar la información de lo que realmente esta pasando, así como también conocer de las acciones y actividades que a nivel nacional adelantan las organizaciones vinculadas a los derechos humanos.

 

Los derechos humanos: una preocupación neurálgica en la respuesta mundial al VIH

La salud, el VIH y los derechos humanos están inextricablemente interconectados. En las respuestas al VIH hay que velar por que se protejan y se promuevan los derechos humanos. A su vez, la promoción y la protección de los derechos humanos reduce el riesgo y la vulnerabilidad ante la infección por el VIH y mejora la eficacia de los programas contra el VIH. Esas poblaciones más vulnerables y expuestas al VIH son a menudo también las que más riesgo corren de que se violen sus derechos humanos. Las políticas y programas sobre el VIH del sector de la salud deben promover los derechos humanos y emancipar a los individuos para que puedan ejercer sus derechos.

El derecho a la salud es esencial en la respuesta al VIH. A la vez que recibimos noticias alentadoras de que la epidemia de VIH se está estabilizando en la mayoría de las regiones del mundo, está claro que son demasiado numerosas las personas que todavía no tienen acceso a unos servicios esenciales que pueden prevenir la infección por el VIH y salvarles la vida. El tratamiento antirretroviral sigue estando al alcance solo de un tercio de las personas que lo necesitan. Aun con la ampliación de los programas para prevenir la transmisión maternoinfantil del VIH, en 2009 solo el 53% de las embarazadas infectadas por el VIH pudieron recibir tratamiento para impedir que se infectaran también sus hijos lactantes.

Las poblaciones más expuestas a la infección por el VIH, incluidos los consumidores de drogas inyectables, profesionales del sexo, hombres que tienen relaciones con otros hombres y personas transexuales, son también las que tienen menos acceso a unos servicios de prevención, tratamiento y atención de la infección por el VIH que tanto necesitan. Por ejemplo, la cobertura de los programas de reducción de daños seguía siendo escasa en 2009. De los 92 países que proporcionaron información, 36 tenían programas de distribución de agujas y jeringas y 33 ofrecían terapia de sustitución con opioides.

Las personas que viven con el VIH no solo deben gozar de su derecho a la salud sino también de su derecho a acceder a servicios sociales cruciales tales como los de educación, empleo, vivienda, seguridad social e incluso de asilo, en algunos casos. Velar por los derechos de las personas con VIH es una buena práctica de salud pública, pues mejora la salud y el bienestar de los afectados y hace más eficaces las actividades de prevención. Muchos y diversos países han aprobado legislaciones encaminadas a prevenir la discriminación de las personas con VIH. Sin embargo, en muchos casos esas leyes no se cumplen adecuadamente y persiste la estigmatización de las personas con VIH y de las poblaciones más expuestas.

La estigmatización y la discriminación siguen socavando las respuestas al VIH. El temor a que sus familias y amigos los eviten, sus comunidades los marginen o se les niegue el empleo y otros servicios es a menudo la razón por la cual muchos no se presentan a las pruebas de detección del VIH o a los servicios de VIH. Demasiado a menudo, son las actitudes y los comportamientos negativos del personal de salud lo que hace inaccesibles e inadmisibles los servicios de salud a las personas que más expuestas están a la infección por el VIH, y que más necesitan los servicios de prevención, tratamiento y atención. Las personas con VIH, los consumidores de drogas, los profesionales del sexo y los hombres que tienen relaciones con otros hombres deben poder recurrir a unos servicios de salud donde se sientan seguros y donde se les preste la mejor atención posible y exenta de prejuicios.

La incapacidad de proteger los derechos humanos aumenta la vulnerabilidad y puede impulsar las epidemias de infección por el VIH. En el África subsahariana, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables al VIH; el 80% de las mujeres con VIH se encuentran en esa Región. En Europa oriental, más del 50% de los casos de infección por el VIH se registran entre personas que se inyectan drogas. En Francia, los Países Bajos y España, entre un tercio y las tres cuartas partes de las nuevas infecciones por el VIH se concentran entre los migrantes.

En vísperas de un nuevo decenio, hemos de corregir las leyes, políticas y reglamentos que aumentan la vulnerabilidad y el riesgo al VIH, impiden el acceso a los servicios de salud o vulneran los derechos humanos, en particular para las poblaciones vulnerables y más expuestas. En casi 80 países, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo constituyen un delito, y en seis países se castigan con pena de muerte. En más de 50 países y territorios, las personas con VIH soportan restricciones a los viajes y a la elección de lugar de residencia. En muchos países los consumidores de drogas se mandan a prisión o se los somete a programas de rehabilitación obligatorios, en lugar de proporcionarles un tratamiento eficaz. El sector de la salud tiene que desempeñar un papel crucial en la promoción de planteamientos y argumentos de salud pública cuando se elaboran las leyes y cuando otros sectores desarrollan estrategias.

En el día de hoy, exhorto a todos los sectores a que protejan los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, y que combatan la discriminación. La colaboración con las personas con VIH es fundamental para dar una respuesta eficaz al VIH, y los Estados Miembros deben ser conscientes de los compromisos contraídos en la Declaración Política de 2006 sobre el VIH/Sida para promover la mejoría de los entornos jurídicos y sociales con el fin de que la población pueda acceder a las pruebas de detección del VIH, a la prevención y al tratamiento.

La OMS está firmemente comprometida con el objetivo de lograr el acceso universal a los servicios de VIH más neurálgicos. Sin embargo, ello no será posible a menos que nos aseguremos de que se protegen y se promueven los derechos humanos de todos, en todas partes.

Costa Rica pide a la Corte de Justicia de la ONU que ordene a Nicaragua la retirada de sus tropas de su suelo

Vecinos y, en estos momentos, mal avenidos. Así se han presentado Costa Rica y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, de Naciones Unidas, por culpa de una disputa fronteriza. Centrada en el río San Juan, límite natural entre ambos países, el Gobierno costarricense alega que Managua pretende construir un canal de tres kilómetros para darle una salida al mar que modificaría los bordes actuales. Como Costa Rica considera propio el territorio donde han sido estacionadas tropas nicaragüenses, ha pedido a los jueces que ordenen “su retirada inmediata”.

Añade, además, que el dragado del río daña los humedales de Isla Calero, protegidos desde 1996 por el valor de sus recursos silvestres. Nicaragua, sin embargo, niega haber violado la soberanía territorial de su vecina. De momento, piensa seguir operando sobre el curso fluvial. Carlos José Argüello, embajador de Managua en La Haya, también aseguró que solo “han luchado contra el narcotráfico”, dentro de su tierra.

Según Sergio Ugalde, asesor de Costa Rica en este diferendo, “así no deben tratarse dos Estados que se consideran hermanos”. En su opinión, Nicaragua ha vulnerado de forma flagrante las leyes internacionales y existe el riesgo de que la situación amenace la paz en la región. Dado que Costa Rica carece de Ejército y solo envía policías a la zona en litigio, Ugalde ha recordado que “no pueden hacer frente a incursiones militares”.

El incidente fronterizo se enconó cuando las tropas nicaragüenses, dirigidas por el comandante Eden Pastora, instalaron un campamento en suelo costarricense llevando como guía una imagen errónea sacada de Google Maps. El servicio de Google se apresuró a subsanar el fallo, que había “movido” la frontera unos kilómetros a favor de Nicaragua. Pero en los mapas tradicionales usados por ambos países, así como en el buscador Bing, de Microsoft, no había dudas sobre la soberanía costarricense de la tierra disputada. Google, que ya tuvo un problema similar con la frontera entre Camboya y Tailandia, ha recordado que su servicio cartográfico no debería utilizarse con otros fines.

El río San Juan ha sido una fuente de conflicto entre Costa Rica y Nicaragua en los dos últimos siglos. En 2009, la propia Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de la ONU, fijó las normas para su uso: Costa Rica navegaría por sus aguas y Nicaragua regularía el tráfico fluvial.

 

Haiti: 12 meses después del terremoto, las condiciones de los haitianos son pésimas pese al importante despliegue humanitario

Un año después de que un demoledor terremoto se cobrara la vida de unas 222.000 personas y dejara 1,5 millones de personas sin techo, los haitianos continúan enfrentándose a pésimas condiciones de vida y a una epidemia de cólera que afecta a todo el país, pese a haberse producido el mayor despliegue de ayuda humanitaria en el mundo, advierte la organización médico-humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF).

El acceso a la atención primaria ha mejorado desde el terremoto, pero la rápida propagación del cólera en todo el país pone en evidencia los límites del sistema de ayuda internacional a la hora de responder de forma efectiva a nuevas emergencias. Las agencias y actores internacionales deben estar a la altura de sus compromisos con la población haitiana y con los donantes de fondos, y deben cumplir sus promesas.

“La reconstrucción no debe ir en detrimento de la atención de las necesidades humanitarias urgentes”, señala Aitor Zabalgogeazkoa, director general de MSF. “La salud de la población y la capacidad para contener el riesgo de epidemias dependen de la mejora de las condiciones de saneamiento y de distribución de agua potable, y de que el millón de personas sin techo tengan acceso a un refugio temporal de suficiente calidad”, añade.

“La gran devastación causada por el terremoto provocó una generosa ola de donaciones privadas de colaboradores de todo el mundo, así como promesas de la comunidad internacional de ‘reconstruir Haití y reconstruirlo mejor’”, recuerda Stefano Zannini, jefe de misión de MSF en Haití. “Pero la cruda realidad hoy es que, aunque los haitianos intentan reconstruir sus vidas, mucha gente sigue siendo muy vulnerable, especialmente ahora al enfrentarse a una segunda catástrofe, totalmente prevenible, como es la epidemia de cólera, que hasta el momento se ha cobrado ya al menos 3.600 vidas más”

El informe publicado por MSF repasa su respuesta a la emergencia tras el terremoto y realiza una evaluación de las lagunas existentes en los servicios de salud secundaria a los que pretende responder en el próximo año. La repuesta de MSF en Haití en respuesta al terremoto y a la epidemia de cólera constituyen la mayor operación en la historia de la organización.

Para finales de 2010, MSF habrá utilizado el total de 104 millones de euros donados por colaboradores privados para movilizar la respuesta al terremoto y para responder a la epidemia de cólera. Desde el 12 de enero hasta el 31 de octubre de 2010, los equipos médicos de MSF trataron a más de 358.000 personas, llevaron a cabo más de 16.500 cirugías y atendieron más de 15.000 partos. Durante los tres primeros meses, se llevaron a cabo más de 5.700 operaciones de cirugía mayores, lo que convierte a MSF en uno de los principales proveedores de atención quirúrgica en esta emergencia.

Asimismo, desde el inicio de la epidemia de cólera el pasado octubre, los centros de tratamiento apoyados por MSF han tratado a más de 91.000 personas, de los 171.300 casos registrados en todo el país hasta el 1 de enero de 2011.

“Ahora que el aniversario del terremoto se acerca, es momento de reflexionar sobre las lagunas de la intervención, teniendo en cuenta las grandes necesidades de la población haitiana y la confianza depositada por personas de todo el mundo en la respuesta”, afirma Unni Karunakara, presidente internacional de MSF. “Gracias a la generosidad y el apoyo de los donantes privados y el compromiso de nuestro personal, muchos de los cuales continuaron trabajando pese a la muerte de sus familiares y amigos, MSF capitalizará su experiencia en Haití para apoyar y mejorar sus programas en el país y para seguir preparada para futuras emergencias”.

El presupuesto proyectado para las operaciones de MSF en Haití en 2011 es de 46 millones de euros para mantener una red de seis hospitales privados en Puerto Príncipe, con una capacidad total de hasta 1.000 camas, y para mantener el apoyo de dos hospitales del Ministerio de Salud. Tres de las estructuras médicas de Puerto Príncipe serán modificadas en 2011, incluyendo la única unidad de tratamiento para quemados de la capital, para reemplazar los centros sanitarios temporales levantados después del terremoto por instalaciones más permanentes.

Fuera de la capital, en Léogâne, MSF continuará gestionando un hospital recién construido con 120 camas. Entre las prioridades operacionales de MSF en Haití se encuentran la obstetricia, los servicios de urgencia y la traumatología. Otras instalaciones serán traspasadas al Ministerio de Salud o a otras organizaciones mientras MSF continúa respondiendo a la epidemia actual de cólera. La organización seguirá atenta a otras emergencias que pudieran producirse.

Activistas hacen llamado a tolerancia y cambio en cultura política de EEUU

Washington.- Grupos de diversos sectores afirmaron hoy que el tiroteo del sábado pasado en Arizona debe servir como un “momento de reflexión” e hicieron un llamado a la tolerancia y a un cambio en la cultura política del país.

El tiroteo, que dejó seis muertos y 14 heridos, entre ellos la congresista demócrata Gabrielle Giffords, desató un debate nacional sobre el impacto de la retórica incendiaria y la urgencia de devolver la cordura al discurso político en el país, reseñó Efe.

Varios grupos pro-inmigrantes se sumaron hoy a la condena universal del tiroteo, que ha sido atribuido a Jared Lee Loughner, quien afronta varios cargos, entre ellos el de asesinato de funcionarios federales mientras cumplían su deber y el intento de asesinato de Giffords.

La presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), Janet Murguía, dijo que el ataque en Tucson, mientras Giffords se reunía en un lugar público con los votantes, ofrece una oportunidad “para reflexionar sobre el privilegio de nuestra democracia”.

“Como una organización de derechos civiles, NCLR conoce bien las consecuencias de la virulencia en nuestro diálogo público y el trato hacia los demás. Cada uno de nosotros tiene un papel y una responsabilidad para realizar y mantener un diálogo constructivo y cortés. Renovemos nuestro compromiso con ello”, puntualizó Murguía.

Por su parte, el grupo cuáquero “American Friends Service Committee” (AFSC) instó a los servidores públicos a “cambiar la cultura política” a través del combate a la “retórica violenta” y fomentar un diálogo serio y cortés sobre las “verdaderas necesidades de nuestra sociedad”.

El grupo enfatizó que los actos de violencia no sólo perjudican a las víctimas inmediatas sino que también dañan el tejido de comunidades enteras.

Además instó a la clase política y a líderes religiosos y comunitarios a que se comprometan a restablecer la cordura y a trabajar juntos para “sanar a nuestra sociedad”.

También el presidente Barack Obama señaló que en los próximos días habrá tiempo para la reflexión, aunque por ahora lo principal es solidarizarse con las víctimas y “unirnos como país”.

En declaraciones a la prensa previo a su almuerzo con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, elogió “la valentía extraordinaria” demostrada tras el tiroteo.

Destacó en especial a Daniel Hernández, un becario de la congresista Giffords que, en vez de huir, corrió en dirección a las balas para ofrecerle ayuda médica; a una mujer herida que impidió que el atacante tuviera acceso a más municiones, y a los ciudadanos que intentaron reducirlo.

Irán condena a 11 de años de cárcel a la abogada opositora Nasrín Sotudeh

Irán ha condenado a 11 años de cárcel y 20 de inhabilitación a la prestigiosa abogada y defensora de los derechos humanos Nasrín Sotudeh. La sentencia, que la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán ha calificado de “grave error judicial”, es la última de una serie con la que las autoridades de la República Islámica pretenden silenciar a activistas y opositores. Desde la controvertida reelección de Mahmud Ahmanineyad en junio de 2009, el marco de las libertades públicas se ha estrechado significativamente en el país.

Sotudeh, de 45 años, fue detenida el pasado 4 de septiembre acusada de “actuar contra la seguridad nacional” y de “cooperar con el Centro de Defensores por los Derechos Humanos”, la organización fundada por la Nobel de la Paz Shirín Ebadí . Durante estos meses, la abogada, que es madre de una niña de tres años y un niño de 11, ha realizado tres huelgas de hambre para protestar porque se la mantenía en una celda de aislamiento y se le negaba el contacto con su familia y su abogado. El pasado diciembre, Ebadí organizó una sentada ante la sede de la ONU en Ginebra para pedir su liberación.

Ahora, el juez la ha condenado a cinco años de cárcel por “actuar contra la seguridad nacional”, otros cinco por “no llevar la cabeza cubierta durante un mensaje grabado en vídeo” y uno más por “propaganda contra el régimen”, según ha informado su marido, Reza Khandan. También se la ha prohibido ejercer como abogada y salir del país durante los próximos 20 años.

“Es muy extraño e injusto”, ha declarado el marido aún en estado de choque por la desproporcionada condena. Khandan ha recordado que los interrogadores de su esposa le repetían que no iban “a permitir al juez que la sentenciara a menos de diez años”.

“Sentencia política”

“Se trata claramente de una sentencia política destinada a apartar de su trabajo a una de las más destacadas defensoras de los derechos humanos en Irán mediante un grave error judicial”, asegura Hadi Ghaemi, el portavoz de la Campaña. Ghaemi pide que se revoque durante la apelación. Sotudeh tiene 20 días para recurrir.

Sotudeh ha defendido a numerosos detenidos en las protestas que siguieron a la controvertida reelección de Mahmud Ahmadineyad en junio de 2009. Algunos de ellos, personas conocidas como el periodista Isa Saharkhis, pero también a muchos manifestantes anónimos. Con anterioridad, se había hecho un nombre como defensora de menores condenados a muerte, un asunto que tiene a Irán en el punto de mira de las organizaciones de derechos humanos internacionales desde hace años.

En un comunicado remitido a este diario, la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán asegura que la sentencia contra Sotudeh “es parte de un ataque sistemático contra abogados y activistas de derechos humanos”. Hace apenas tres días, Shiva Nazaraharí, cofundador del Comité de Reporteros por los Derechos Humanos, fue condenado a 4 años de cárcel y 74 latigazos. En octubre pasado, otro destacado abogado, Mohammad Seifzadeh, recibió una sentencia de 9 años de cárcel y 10 de inhabilitación.